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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, PROCESAMIENTO Y APELACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La
Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972,
según enmendada, crea la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación.
Investigar querellas por mal uso o abuso de autoridad por parte de funcionarios de la Rama Ejecutiva y funcionarios municipales con facultad para efectuar arrestos en contra de ciudadanos; y de ser necesario, imponer sanciones disciplinarias dentro de los límites delegados a la autoridad nominadora. Atender las apelaciones presentadas, respetando el debido proceso de ley que protege a las partes.
Investigación de Casos por Abuso de Poder de Funcionarios Públicos Descripción del Programa
La Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), cuenta con el Programa de Investigación de Casos de Mal Uso y Abuso de Autoridad de los funcionarios públicos y municipales, con capacidad de realizar arrestos en contra de los ciudadanos. A través de este programa, se atienden las apelaciones interpuestas por los funcionarios públicos cubiertos por esta Ley, y las interpuestas por ciudadanos, cuando no estén de acuerdo con la determinación de la autoridad facultada para sancionar.
Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2012-2013.
La clientela de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación es toda la ciudadanía y los funcionarios públicos de la Rama Ejecutiva y Municipios con poder de efectuar arrestos
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2012-2013 asciende a $507,000. Los recursos provienen en su totalidad de la Resolución Conjunta del Presupuesto General. Los gastos de funcionamiento se mantienen igual en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2011-2012.
Los fondos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para atender casos de mal uso o abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos, velar por la protección de los derechos civiles de los puertorriqueños y cumplir con las funciones y obligaciones de la agencia.
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